Apéndice M — URB-LEX-CAC: Análisis comparativo de la normativa urbanística de Centroamérica y el Caribe

M.1 Por qué un análisis comparativo de la normativa urbanística regional

El capítulo 8 del libro documentó el desarrollo normativo del proyecto FONDOCYT para Bajos de Haina y la elaboración de la Normativa Urbanística por Tipologías de Manzana (NUR-Haina-2025). Ese trabajo se inscribe en un marco nacional reciente, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada en diciembre de 2022 y reglamentada por el Decreto 396-25 de julio de 2025. La pregunta que motivó la línea de investigación URB-LEX fue saber si la trayectoria normativa dominicana es una excepción regional, una réplica de prácticas vecinas o un caso intermedio dentro de un patrón más amplio de convergencia. Responder a esa pregunta exigía construir un análisis comparativo del marco normativo de planificación urbana en países representativos de Centroamérica y el Caribe, con énfasis en la trayectoria histórica de cada sistema, sus instituciones rectoras, sus instrumentos formales de planificación y los marcos regionales que los influyen.

El borrador URB-LEX-CAC recoge ese ejercicio comparativo. El alcance final del estudio incluye cinco países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y la propia República Dominicana) y dos marcos de integración subregional (Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y Comunidad del Caribe, CARICOM). El resultado es una visión estructurada del panorama normativo regional que sirve, por un lado, como contexto para entender la posición específica del proyecto FONDOCYT en su entorno geográfico inmediato y, por otro, como base para futuras publicaciones académicas en revistas de derecho urbanístico comparado, urbanismo iberoamericano o cooperación regional.

M.2 Hallazgos principales del análisis comparativo

El estudio identifica cuatro conclusiones sustantivas que organizan el resto del borrador.

Diversidad de modelos institucionales. Los cinco países estudiados muestran enfoques distintos de la planificación urbana y territorial. Costa Rica opera con un sistema consolidado desde 1968 con la Ley 4240 de Planificación Urbana, sostenido por una arquitectura institucional compleja (MIVAH, INVU, MIDEPLAN, MINAE, municipalidades). El Salvador concentra su planificación urbana en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), un modelo metropolitano que es excepcional en la región. Honduras funciona con una ley marco nacional de ordenamiento territorial relativamente reciente (Ley 180-2003 de Ordenamiento Territorial). Guatemala adopta un modelo descentralizado con competencia constitucionalmente atribuida al nivel municipal. República Dominicana se incorpora al patrón regional con la Ley 368-22, que crea el Sistema Nacional de Información Territorial y unifica la responsabilidad rectora en el Viceministerio de Ordenamiento Territorial del MEPyD. Esta diversidad refleja distintas trayectorias históricas y prioridades políticas, pero también explica por qué la cooperación técnica entre países de la región tropieza recurrentemente con falta de homologación de instrumentos básicos.

Convergencia hacia principios comunes. A pesar de la diversidad institucional, las leyes y planes más recientes de los cinco países convergen hacia un núcleo común de principios: incorporación del desarrollo sostenible como criterio rector, gestión integral del riesgo de desastres como capa transversal, adaptación al cambio climático como componente obligatorio, reconocimiento creciente de la participación ciudadana como mandato legal y no meramente recomendación. Esta convergencia es especialmente visible en los marcos legales promulgados o reformados después de 2015, año del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Ley 368-22 dominicana es un buen ejemplo: integra explícitamente la planificación territorial con la protección ambiental, la adaptación climática y los mecanismos de participación, en línea con la tendencia regional.

Dos mecanismos paralelos de convergencia normativa. El borrador propone una distinción analítica útil entre dos mecanismos por los que se produce esta convergencia. Primero, una convergencia explícita dentro del bloque SICA, promovida activamente por instrumentos supranacionales como el Plan Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana (PRINAU-SICA), la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) y la Política Social Integral Regional (PSIR-SICA 2020-2040). Estos instrumentos crean un lenguaje y un conjunto de prioridades comunes para los Estados miembros de SICA y aceleran la armonización normativa. Segundo, una convergencia implícita que afecta a toda la región, incluyendo a los países del bloque CARICOM, impulsada por la adopción directa de agendas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. Esta segunda convergencia opera sin instrumento regional intermediario y resulta de la presión combinada de la cooperación internacional, las exigencias de organismos multilaterales como ONU-Hábitat y las prácticas de organismos financieros como el BID o el Banco Mundial. Comprender la dualidad de mecanismos es fundamental para cualquier análisis comparativo de la gobernanza urbana centroamericana y caribeña, porque explica que países con marcos de integración regional muy distintos puedan estar desarrollando marcos legales nacionales con principios sorprendentemente similares.

Posición intermedia de República Dominicana. El caso dominicano se posiciona en un punto intermedio del espectro regional. Por un lado, su pertenencia formal al SICA lo expone a la convergencia explícita del PRINAU-SICA. Por otro lado, su localización geográfica caribeña y su tradición de cooperación con organismos internacionales lo conectan con la convergencia implícita global. La Ley 368-22 refleja esta doble influencia: incorpora el lenguaje de la Nueva Agenda Urbana, distingue las categorías clásicas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y reconoce el rol central de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial al tiempo que admite el Instrumento de Delimitación del Suelo Urbano como figura transitoria para municipios que aún no disponen de PMOT. El caso de Bajos de Haina, que el proyecto FONDOCYT documenta, ilustra precisamente esa figura transitoria: un municipio sin PMOT que, a través de instrumentos parciales como la NUR-Haina-2025 y el ecosistema digital descrito en el capítulo 7, comienza a aproximarse al marco normativo nacional desde la práctica concreta.

M.3 Aplicación al proyecto FONDOCYT y a sus publicaciones derivadas

El análisis comparativo de URB-LEX-CAC tiene tres aplicaciones inmediatas para el proyecto FONDOCYT y para su ciclo de publicaciones derivadas.

La primera aplicación es de contextualización académica del trabajo normativo del capítulo 8. La NUR-Haina-2025 deja de ser un artefacto técnico aislado del Ayuntamiento y se entiende como un caso particular del patrón regional de instrumentos parciales que surgen mientras los marcos nacionales completos se consolidan. Esta contextualización es necesaria para que las publicaciones derivadas del proyecto puedan dialogar con la literatura comparada de derecho urbanístico iberoamericano sin reducirse a un estudio de caso aislado.

La segunda aplicación es de insumo para futuras propuestas de cooperación regional. La identificación de los dos mecanismos de convergencia (explícito vía SICA y implícito vía agendas globales) abre una vía para que el equipo del consorcio FONDOCYT proponga al Viceministerio de Ordenamiento Territorial del MEPyD y a las contrapartes de cooperación internacional una estrategia explícita de homologación normativa con países comparables, con potencial de captar recursos para investigación aplicada en la región.

La tercera aplicación es de sustrato para la línea URB-LEX en su componente de inteligencia artificial. El análisis comparativo de las normativas regionales constituye el corpus etiquetado sobre el que opera el segundo borrador de la línea (ver Anexo N), de modo que ambos textos forman una unidad metodológica: uno proporciona el marco analítico y el otro proporciona el dataset estructurado para entrenar modelos de procesamiento de lenguaje natural especializados en derecho urbanístico iberoamericano.

M.4 Estado del borrador y siguientes pasos

El borrador URB-LEX-CAC se encuentra en fase exploratoria avanzada. Tiene una estructura completa con resumen ejecutivo, marco regional, perfiles individuales de los cinco países (con sus instrumentos jurídicos, instituciones rectoras y jerarquías de planes) y un capítulo final de síntesis comparativa. Su redacción está mayormente cerrada en el plano del análisis, pero pendiente de tres tareas para llegar a versión publicable: (a) consolidación bibliográfica formal con conversión de las citas inline a formato BibTeX importable a Zotero; (b) verificación cruzada de los datos legales con fuentes oficiales actualizadas, especialmente para los países sobre los que el borrador trabajó con extractos de investigación de segunda mano; (c) definición del enfoque editorial definitivo, que Jorge Recio debe decidir antes del envío a una revista. Las opciones de revista identificadas como afines son las dedicadas a derecho urbanístico iberoamericano, urbanismo comparado en América Latina o cooperación regional centroamericana y caribeña, todas ellas indexadas en Scopus o SciELO.

La continuidad de URB-LEX-CAC depende de que el equipo del consorcio decida abrir un segundo ciclo de publicaciones derivadas del proyecto FONDOCYT. La inclusión de este resumen como anexo del libro responde al compromiso de dejar consignado el borrador en un registro trazable que permita retomarlo en cualquier momento sin pérdida de contexto.