4  Planificación urbana

5.2.1 Principios rectores deseables

La Ley reconoce además un conjunto de principios que orientan la organización del territorio dominicano. En el plano de la organización territorial, la autonomía de las entidades territoriales, la integración entre distintos territorios para el desarrollo comunitario y la prestación de servicios, la regionalización como marco de relaciones geográficas, económicas y culturales, y la asociatividad que propicia alianzas para producir economías de escala. En el plano de la equidad y la diversidad, la solidaridad y equidad entre territorios de distinta capacidad fiscal, el reconocimiento de la diversidad geográfica, institucional, económica, social, étnica y cultural como fundamento de la unidad nacional, la equidad social como búsqueda activa de instrumentos para superar los desequilibrios regionales, y la multietnicidad que garantiza el derecho de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes a planificar sus territorios. Y en el plano de la gestión y la visión, la gradualidad y flexibilidad para ajustar las formas de división territorial a la diversidad del país, la prospectiva orientada por una visión compartida de país a largo plazo, la paz y convivencia como condición del territorio, la responsabilidad y transparencia en la gobernanza con planificación participativa, y la economía y buen gobierno que garanticen sostenibilidad fiscal y profesionalización administrativa.

5.2.2 Evolución de la planificación urbana en República Dominicana

La planificación urbana en la República Dominicana ha atravesado diversas etapas a lo largo de su historia, reflejando los cambios políticos, sociales y económicos del país. Durante la etapa precolombina y colonial, hasta finales del siglo XIX, la planificación urbana estuvo marcada por la influencia de las culturas indígenas y el modelo urbano español, con ciudades organizadas alrededor de plazas centrales, iglesias y edificios gubernamentales. La planificación no era sistemática y se basaba en la costumbre y la tradición.

La independencia del país en 1844 inicio a una etapa de transición en la planificación urbana, con un proceso de modernización inspirado en modelos europeos y estadounidenses. Se implementaron planes urbanos para algunas ciudades, como Santo Domingo y Puerto Plata. A partir de la década de 1960, la planificación urbana entró en una etapa moderna, influenciada por las teorías y prácticas del urbanismo moderno. Se elaboraron planes urbanos para las principales ciudades, con énfasis en la zonificación, la infraestructura y la vivienda, incorporando elementos de planificación regional y ambiental.

En las últimas décadas, el ordenamiento territorial en República Dominicana ha experimentado una evolución significativa. Diversos estudios y propuestas han abordado aspectos como la zonificación, los suelos, las cuencas hidrográficas, los recursos forestales e hídricos, y los lineamientos para el desarrollo turístico y minero. Un hito relevante fue la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2000, junto con la promulgación de la Ley Nacional de Medio Ambiente (Ley 64-00), que destaca el interés nacional en el diseño y ejecución de un Plan de Ordenamiento Territorial que incorpore variables ambientales.

La creación de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD) en 2006 marcó un avance significativo al integrar el ordenamiento ambiental en la agenda de planificación económica del país. A nivel regional y local, se han desarrollado experiencias pioneras de ordenamiento territorial, como el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte en Jarabacoa y el Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la provincia de Pedernales (Berti & Ferrufino, 2009).

El caso dominicano presenta tres experiencias aleccionadoras que podrían orientar otros procesos en la región: el Sistema de Planificación e Inversión Pública, que promueve la participación activa de actores políticos de todas las escalas territoriales; el “momentum político” generado por la Cumbre de las Fuerzas Vivas en 2009, donde diversos actores sociales se pronunciaron a favor de avanzar en la construcción de marcos políticos, legales e instrumentales del ordenamiento territorial; y la vinculación reconocida entre ordenamiento territorial y desarrollo económico.

Actualmente, el país enfrenta desafíos como el crecimiento urbano descontrolado, la falta de vivienda adecuada, la congestión vehicular y la contaminación ambiental. La planificación urbana debe abordar estos retos de manera integral y sostenible, considerando las necesidades de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Para el futuro, se requiere un enfoque en la construcción de ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles, con una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano, y una integración de la planificación urbana con las políticas públicas en sectores como el transporte, la vivienda y el medio ambiente.

5.2.3 Instrumentos de planificación urbana según la Ley 368-22

La Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Congreso Nacional República Dominicana, 2022), promulgada en diciembre de 2022, establece un marco legal integral para la planificación urbana en la República Dominicana. Esta ley define diversos instrumentos de planificación que son esenciales para ordenar el territorio y promover un desarrollo urbano sostenible.

Los principales instrumentos de planificación urbana en la República Dominicana se organizan en una estructura jerárquica para garantizar la coherencia y coordinación en el ordenamiento territorial a diferentes escalas. El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) se encuentra en la cúspide de esta jerarquía, estableciendo las directrices generales para todo el país. A partir del PNOT, se desarrollan los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y los Planes Especiales de impacto supramunicipal (PEOT), que abordan características y necesidades específicas de cada región o área singular.

Los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) son el instrumento principal a nivel local, derivados de los PROT. Estos planes detallan el uso del suelo, la infraestructura y los equipamientos urbanos. A su vez, los PMOT dan origen a los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial (PPOT) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), que se enfocan en áreas específicas o problemáticas particulares dentro de un municipio.

El sistema de Licencias y Permisos Urbanísticos está directamente vinculado a los PMOT, asegurando el cumplimiento de las normas urbanísticas y promoviendo un desarrollo urbano ordenado. Por último, el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) actúa como un elemento transversal que proporciona información actualizada y accesible para la toma de decisiones en materia de planificación urbana, apoyando a todos los instrumentos en sus diferentes niveles.

Esta estructura jerárquica y articulada de instrumentos permite abordar la planificación urbana de manera integral, desde las directrices nacionales hasta las intervenciones específicas a nivel local, garantizando así un desarrollo territorial sostenible y coherente en todo el país.

5.2.4 Marco legal de la planificación urbana en República Dominicana

El marco legal de la planificación urbana en la República Dominicana parte desde la Constitución y se articula con la División Político-Administrativa del país. La Constitución otorga al Congreso Nacional la atribución de crear, modificar o suprimir unidades territoriales, previo estudio que demuestre su conveniencia. El ordenamiento territorial es un proceso político y técnico-administrativo que involucra la toma de decisiones concertadas de diversos actores para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio, considerando aspectos como la distribución espacial de la población, la eficiencia tecnológica y la funcionalidad de las ciudades.

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (ley 1-12) responde al mandato constitucional y legal, articulándose en cuatro ejes estratégicos que abarcan el Estado Social Democrático de Derecho, la igualdad de derechos y oportunidades, la economía sostenible y la producción y consumo ambientalmente sostenible. Dentro del segundo eje, se destacan objetivos y líneas de acción relacionados con la cohesión territorial y la vivienda digna en entornos saludables, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de planificación, el diseño e implementación de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la reducción de la disparidad urbano-rural e interregional, la reubicación de asentamientos en condiciones de riesgo, el desarrollo de proyectos de viviendas seguras y amigables con el medio ambiente, y el acceso universal a servicios básicos.

5.2.5 Instrumentos digitales de planificación urbana en República Dominicana

La digitalización de la planificación urbana en la República Dominicana se evidencia a través de un conjunto de instrumentos ya operativos que ofrecen mejoras tangibles en la eficiencia y el acceso a la información. El avance más significativo es la Ventanilla Única de la Construcción (VUC), una plataforma transaccional plenamente funcional que centraliza la gestión de permisos y ha demostrado reducir los tiempos de emisión en más de un 20% (MIVED, 2024) .Paralelamente, existe un ecosistema de geoportales institucionales que, aunque fragmentados, proveen datos sectoriales cruciales. Entre ellos destacan el del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) sobre infraestructura, el Sistema de Información Geográfica (SIGEO RD) del Ministerio de Medio Ambiente con datos sobre regulaciones ambientales, y el de la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN) con información catastral . A nivel municipal, la adopción es desigual; mientras algunas alcaldías como la de Santo Domingo Este avanzan en su modernización con apoyo internacional (ASDE, 2025) otras mantienen procesos menos digitalizados.

El componente estratégico de esta transformación es el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), un proyecto de integración de datos a largo plazo coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Su objetivo es funcionar como un “sistema de sistemas” que articule la información geoespacial actualmente dispersa en silos institucionales para facilitar una toma de decisiones coherente. Aunque el SNIT se encuentra en una fase incipiente de implementación, un avance procesal clave ha sido la reciente aprobación de su reglamento de aplicación, que establece una hoja de ruta para su desarrollo ) (Presidencia de la República Dominicana, 2025) Por tanto, el ecosistema digital dominicano se encuentra en una fase de transición, donde el principal desafío no es tecnológico, sino de gobernanza: lograr la interoperabilidad de los datos y superar la fragmentación institucional para consolidar un marco de planificación verdaderamente integrado.

5.2.6 Ley 147-02 sobre gestión de riesgos

La Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos (2002) establece el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR), cuya articulación institucional, instrumentos de planificación y marco operativo se analizan en detalle en el Sección 6.1.7 de este libro. Desde la perspectiva de la planificación urbana, el mandato más relevante de esta ley es la obligación de incorporar criterios de gestión de riesgos en los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo económico y social, así como la identificación y tratamiento de asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo.

5.2.7 Competencias de los municipios y Alcaldías

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, las Alcaldías tendrán como ámbito de actuación las competencias propias, y, además, las coordinadas y delegadas con los demás entes que conformen la administración pública, que le defina la Constitución, su ley, las legislaciones sectoriales y las que rijan las relaciones interadministrativas. Se considera que las competencias de las Alcaldías recaerán sobre todos los ámbitos de la administración pública, exceptuando aquellas que la Constitución reserve para la administración central.

Las competencias propias o exclusivas de la Alcaldía cubren varios frentes. En materia de tránsito y espacio público, ordena la circulación de vehículos y personas en vías urbanas y rurales en coordinación con el INTRANT, y regula el uso del espacio público más allá de parques, áreas deportivas, jardines o zonas verdes. En ordenamiento territorial, asume el planeamiento urbano, la gestión del suelo y la disciplina urbanística. En higiene y salubridad, normativiza y gestiona la protección sanitaria para garantizar el saneamiento ambiental.

En infraestructura urbana, construye equipamientos, pavimenta vías urbanas, conserva aceras, contenes y caminos vecinales en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En patrimonio, preserva los bienes históricos y culturales del municipio. En mataderos y mercados, construye y gestiona mataderos, mercados y ferias. En alumbrado y residuos, instala y mantiene el alumbrado público y gestiona los servicios de limpieza, ornato, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Finalmente, en proyectos urbanos, diseña y planifica intervenciones de carácter o escala urbana.

Competencias compartidas. Las competencias compartidas se concentran en dos ámbitos. En servicios sociales, la Alcaldía coordina la prestación y financiación dirigida a grupos socialmente vulnerables y la lucha contra la pobreza. En agua y recursos naturales, coordina la provisión de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como la preservación de los recursos naturales y agrarios en articulación con los prestadores de servicios y las entidades reguladoras nacionales.

Con el fin de garantizar un desarrollo armónico de los asentamientos urbanos y la preservación de los recursos naturales, las alcaldías disponen de unidades medio ambientales municipales. Estas unidades elaboran las normativas ambientales del municipio sobre la base de la Ley General de Medio Ambiente y desarrollan programas de educación ambiental para el manejo y tratamiento de residuos sólidos domésticos, comerciales, hospitalarios e industriales.

Las unidades también emiten la opinión técnica sobre proyectos sometidos a la Alcaldía que requieren estudios de impacto ambiental, formulan recomendaciones normativas a los organismos municipales para asegurar el cumplimiento del marco ambiental nacional y gestionan los programas de aprovechamiento y uso de los espacios públicos de dominio municipal, tales como parques, plazoletas y áreas verdes.

Aspectos no contemplados. Pese a la Ley 368-22 y su Reglamento (Decreto 396-25), persisten vacíos que requieren desarrollo normativo y operativo. En materia de gestión del suelo se precisa reglamentación y arreglos fiscales para captura de plusvalías, contribución por mejoras, bancos de suelo y zonificación inclusiva que habiliten vivienda asequible y renovación urbana, así como el fortalecimiento de las finanzas municipales necesarias para ejecutar los planes (Banco Mundial, 2022).

En interoperabilidad y datos abiertos, el despliegue del SNIT exige un alineamiento técnico (metadatos, licencias de uso, ciclos de actualización) con la IDERD y los geoportales sectoriales bajo protocolos unificados, especialmente para la operación cotidiana municipal. En clima y gestión de riesgos, la Ley 147-02 establece principios pero faltan criterios homogéneos para incorporar análisis de riesgo, umbrales e incentivos urbanísticos en PMOT, PPOT y licencias, en línea con los marcos regionales de la Nueva Agenda Urbana (CEPAL, 2022).

El régimen sancionatorio requiere mecanismos de control y sanciones aplicables a usos y edificaciones y una coordinación sostenida entre MOPC, MIMARENA, MIVHED y ayuntamientos; la Ley 176-07 reconoce competencias locales, pero la capacidad técnica y financiera sigue siendo un cuello de botella (Banco Mundial, 2022). Por último, en participación vinculante, la Ley 368-22 reconoce el principio pero falta estandarizar mecanismos digitales (plataformas deliberativas, trazabilidad de aportes y consulta cartográfica) con efectos vinculantes en PMOT y PPOT (Presidencia de la República Dominicana, 2025).

5.2.8 Análisis funcional de la planificación urbana en Bajos de Haina

El patrón de urbanización dominicano combina alta velocidad de crecimiento con déficits estructurales en servicios e infraestructura y una capacidad municipal desigual. Los desafíos más persistentes son la expansión informal del suelo urbano, el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo, la congestión y las externalidades ambientales en áreas industriales y portuarias, y la gobernanza multinivel con recursos limitados (Banco Mundial, 2022). En Bajos de Haina, estos problemas se acentúan por la exposición a amenazas hidrometeorológicas y antrópicas y por la fragmentación del suelo urbano evidenciada en este documento.

Actores involucrados. La arquitectura institucional descansa en un esquema multinivel. El Poder Ejecutivo, a través del MEPyD, actúa como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del Ordenamiento Territorial. Los gobiernos locales asumen la responsabilidad del planeamiento y el control urbanístico mediante las Oficinas de Planeamiento Urbano (artículo 126 de la Ley 176-07). Las entidades sectoriales, entre ellas MOPC, MIMARENA y MIVHED, ejercen potestades regulatorias específicas sobre sus respectivos ámbitos. En Haina este entramado se aterriza a través de la OPU, el Concejo de Regidores y los instrumentos en elaboración (PMOT y PPOT), conforme al marco que definen la Ley 368-22 y su Reglamento (Decreto 396-25), junto con la Ley 176-07 y la Ley 496-06.

Instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación urbana en Bajos de Haina se encuentran enmarcados en el contexto legal y normativo nacional y regional. A continuación, se presenta un análisis de los principales instrumentos que marca la legislación

El Plan Estratégico 2023-2027 del Distrito Industrial Haina Nigua (DIHN) marca una ruta de acciones y productos orientada a posicionar al DIHN como referente regional, proveyendo un ecosistema de apoyo y servicios de valor agregado que facilita a las empresas alcanzar mayores niveles de crecimiento, productividad, expansión internacional e ingresos, y contribuye al desarrollo sostenible del país (AIEHAINA et al., 2023). El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento de planificación urbana de mayor jerarquía en el municipio, que define los objetivos, estrategias y acciones del desarrollo urbano a largo plazo; en Bajos de Haina se encuentra en proceso de formulación (MEPyD, 2022). El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) define el uso del suelo y la zonificación del municipio, fijando las áreas aptas para vivienda, comercio, industria y servicios; el de Bajos de Haina también se encuentra en elaboración. La normativa de construcción regula las condiciones técnicas y de seguridad de las edificaciones y en Bajos de Haina se apoya en las normas nacionales y regionales. Las licencias urbanísticas, por su parte, son los permisos municipales que autorizan la construcción, modificación o demolición de edificaciones; en el municipio, el proceso actual es complejo y burocrático, lo que dificulta la inversión en el sector inmobiliario.

Carencias y desafíos. Bajos de Haina carece de los instrumentos básicos de planificación urbana que ordenarían las decisiones sobre uso de suelo, obra pública y gestión de riesgo. Los instrumentos que existen a escala nacional no siempre encuentran traducción operativa local, y cuando lo hacen, funcionan de forma desarticulada entre sí, generando contradicciones que el Ayuntamiento debe resolver caso a caso. La capacidad técnica municipal para sostener estos procesos es limitada: la rotación de personal, la escasa especialización en planificación territorial y la dependencia de asistencia externa reducen la continuidad institucional necesaria para implementar políticas de largo plazo. La participación ciudadana en los ciclos formales ha sido marginal, porque los mecanismos de consulta no están institucionalizados a escala municipal y las comunidades quedan fuera de decisiones que las afectan directamente. A esto se suma una restricción presupuestaria estructural cuyo financiamiento depende en gran medida de transferencias del gobierno central y de proyectos con financiamiento externo.

5.3.1 Factores políticos

5.3.2 Factores tecnológicos

El municipio presenta una brecha tecnológica significativa: muchos trámites y controles se realizan con procedimientos manuales y ofimática básica. No obstante, existen oportunidades inmediatas para cerrarla:

• Catálogo y datos geoespaciales: La integración a IDERD y la adopción de su geoportal y estándares, con apoyo técnico del IGN, permitiría gestionar capas locales de usos de suelo, riesgos, catastro y licencias con metadatos y versionado.

• Tramitación urbanística: La VUC ya opera a escala nacional y ha probado mejoras de eficiencia; coordinar su uso municipal y el consumo de datos desde el SNIT y la IDERD aceleraría la disciplina urbanística y la trazabilidad de permisos.

El déficit no es tecnológico, sino de gobernanza de datos (roles, estándares, rutinas) y capacidades municipales para sostener plataformas y flujos de información, en línea con los hallazgos nacionales (Banco Mundial, 2022).

5.3.3 Factores socioeconómicos y ambientales

Bajos de Haina combina un perfil económico de alta intensidad industrial con condiciones socioterritoriales de vulnerabilidad acumulada. El Distrito Industrial alberga más de 200 unidades productivas y 1,291 empresas registradas que exportan a más de 40 países (AIEHAINA, 2024); sin embargo, la riqueza generada no se ha traducido en condiciones urbanas equitativas para la población residente. Los barrios colindantes con las zonas industriales concentran grupos de bajos ingresos con acceso limitado a servicios básicos, vivienda adecuada e infraestructura de calidad, con un Índice de Calidad Urbana (ICU) promedio de 1.4 sobre 3 en las 16 manzanas piloto analizadas (Proyecto FONDOCYT, 2025).

La dimensión ambiental agrava esta situación: el municipio acumula décadas de contaminación industrial con efectos directos en la habitabilidad, incluyendo emisiones atmosféricas, intrusión salina en acuíferos costeros y gestión deficiente de residuos sólidos. A esto se añaden 38 bluespots críticos de inundación que coinciden en buena medida con las zonas de mayor densidad habitacional informal, lo que sitúa a Bajos de Haina entre los municipios con mayor exposición a multi-peligros del territorio nacional (VI Plan de Acción DIPECHO para El Caribe, 2009).

Los indicadores sociodemográficos específicos, incluyendo estructura poblacional, tasas de acceso a servicios básicos y distribución territorial de la vulnerabilidad, se desarrollan en el capítulo de diagnóstico territorial a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 (ONE, 2022) y del levantamiento de campo con encuesta domiciliaria (Survey123, n=155).

5.3.4 Instrumentos asociados a la planificación urbana en Bajos de Haina

Zonificación. La zonificación es un instrumento de planificación urbana que divide el territorio en diferentes zonas, estableciendo para cada una de ellas los usos del suelo permitidos, restringidos o prohibidos. Su objetivo es ordenar el crecimiento urbano, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo equilibrado de la ciudad.

Los elementos básicos de la zonificación en Bajos de Haina incluyen la clasificación del suelo urbano en categorías de uso (residencial, comercial, industrial, de servicios públicos, de equipamientos y espacios verdes), la definición de normas y parámetros urbanísticos aplicables a cada zona (densidad, altura máxima, superficie mínima de los lotes y retiros de las construcciones) y el establecimiento de la compatibilidad de usos que evite la convivencia de actividades conflictivas en zonas adyacentes.

Regulación del uso del suelo. La regulación del uso del suelo es un conjunto de normas y procedimientos que complementan la zonificación, estableciendo los requisitos específicos para el desarrollo de cada tipo de uso del suelo. Su objetivo es garantizar que las construcciones y actividades se realicen de acuerdo con lo establecido en la planificación urbana.

Los elementos de la regulación del uso del suelo en Bajos de Haina pueden incluir los permisos de construcción, que establecen los requisitos para obtener autorización (planos, estudios técnicos y cumplimiento de normas urbanísticas); las licencias de funcionamiento, que regulan los requisitos aplicables a cada tipo de actividad comercial, industrial o de servicios; el control de la edificación, con mecanismos para verificar el cumplimiento de las normas durante la obra; y las inspecciones y sanciones, que definen los procedimientos para detectar y penalizar incumplimientos.

Aplicación operativa. Para una aplicación efectiva de la zonificación y la regulación del uso del suelo en Bajos de Haina es fundamental contar con un marco legal sólido que respalde ambos instrumentos y establezca mecanismos claros de aplicación y sanción; con instituciones competentes dotadas de la capacidad técnica y los recursos necesarios para elaborar, implementar y hacer cumplir las normas; y con mecanismos de participación ciudadana que permitan a la comunidad intervenir en la definición y actualización de la zonificación, de modo que esta responda a las necesidades y realidades de la localidad.

5.3.5 Planes de desarrollo urbano

Los planes de desarrollo municipal (PDM) son instrumentos de planificación estratégica que establecen los objetivos, políticas y estrategias para el desarrollo socioeconómico y territorial de una ciudad a largo plazo. En el caso de Bajos de Haina, la elaboración e implementación de un PDM efectivo es fundamental para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la localidad.

Características del PDM. Un PDM efectivo para Bajos de Haina debería articular seis componentes. La visión de futuro define una imagen clara y compartida sobre la ciudad deseada, considerando las necesidades y aspiraciones de la comunidad. El diagnóstico situacional analiza de manera exhaustiva la situación actual en términos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los objetivos estratégicos fijan metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos para el desarrollo de la ciudad. Las políticas y estrategias concretan los caminos para alcanzar esos objetivos en ámbitos como la economía, el medio ambiente, la infraestructura, la vivienda, la movilidad urbana, la seguridad y la inclusión social. La participación ciudadana asegura la implicación de la comunidad en la elaboración e implementación del plan, de modo que este responda a las necesidades reales de la población. Finalmente, la evaluación y seguimiento incorpora mecanismos para monitorear el avance de la ejecución, con ajustes y actualizaciones periódicas según sea necesario.

Elaboración del PDM. La elaboración del PDM en Bajos de Haina debe seguir un proceso participativo e inclusivo que involucre a distintos actores. Las autoridades municipales lideran el proceso, asignan los recursos necesarios y conforman una comisión de planificación urbana. El sector privado, representado por el empresariado local, participa en la definición de estrategias de desarrollo económico y generación de empleo. La sociedad civil, a través de sus organizaciones, contribuye a identificar necesidades y a definir estrategias de inclusión social y participación ciudadana. La academia, mediante instituciones educativas y de investigación, aporta el conocimiento técnico y científico que sostiene la elaboración del plan. Y la población ejerce su participación por diferentes canales, expresando opiniones y propuestas sobre el futuro de la ciudad.

Implementación del PDM. La implementación del PDU requiere condiciones habilitantes en cinco dimensiones. Un marco legal y normativo que respalde el plan y facilite su aplicación. Recursos financieros suficientes para ejecutar las acciones y proyectos previstos. Una capacidad institucional del gobierno local fortalecida para gestionar y ejecutar el PDU con continuidad. Mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan seguir el avance y realizar los ajustes y actualizaciones periódicas que sean necesarios. Y una estrategia de comunicación y sensibilización que transmita el contenido del plan a la comunidad, genere conciencia sobre su importancia y fomente la participación ciudadana en su implementación.

5.3.6 Programas de vivienda y desarrollo social

Siguiendo la publicación (El déficit habitacional en República Dominicana: Panorama actualizado de los requerimientos habitacionales, ONE 2010,) el déficit cualitativo de componente estructural o de materialidad se presenta en mayor o menor medida en todos los municipios del país. Ahora bien, alrededor del 37% de los municipios del país tienen más de un 10% de sus viviendas con deficiencias de sus estructuras físicas. Los mayores porcentajes de viviendas con esta condición se encuentran en los municipios de Yamasá, Eugenio Ma. de Hostos, Guananico y Jamao al Norte. Inversamente, las comunidades menos afectadas son Santo Domingo, Sabana Yegua, Bajos de Haina, Santiago y Puñal. En el caso de Haina la vivienda está desafiada básicamente por la ubicación inadecuada en zonas de alta vulnerabilidad por su exposición bien a áreas inundables o a riesgo antrópico por cercanías a industrias y empresas contaminantes. Igualmente, las carencias de servicios sociales se relacionan con baja disponibilidad de agua potable intradomiciliaria y recogida adecuada de residuos sólidos. En el área de la cobertura de salud, el municipio cuenta con un hospital municipal que disponía de 49 camas según el último registro disponible (ONE, 2012); la OMS establece una ratio de 2.5 a 4 camas por cada mil habitantes, por lo que el municipio se sitúa en 0.307 camas por mil habitantes con la población actual. En cuanto a movilidad reducida, el IX Censo Nacional 2010, último con desagregación para este indicador a escala municipal, registró un 10.8% de personas con riesgo de movilidad, sin que se observe a la fecha un enfoque municipal específico orientado a sus desplazamientos y necesidades (ONE, 2010).

5.3.7 Gestión de residuos sólidos municipales

La Ordenanza No. 03-2017 regula la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio con el fin de garantizar la salud pública y la limpieza urbana. El documento establece que los ciudadanos deben disponer la basura en los horarios y recipientes correctos, separar los residuos y mantener limpias las áreas frente a sus propiedades, prohibiendo estrictamente la quema de desechos y el abandono de escombros en espacios públicos. Para asegurar su cumplimiento, la normativa implementa un régimen de sanciones que varía desde amonestaciones verbales y multas económicas hasta la realización de trabajo comunitario .

5.4.1 Lineamientos generales

Señala MacCormick que la coherencia se balancea entre la necesidad de especificidad del derecho (en cuanto a la necesidad de estipulación de normas detalladas) y la necesidad de que dichas normas sean instancias de principios generales (exigencia de universalidad y generalidad), toda vez que pocas personas pueden conocer el derecho en detalle, mientras que la mayoría pueden conocer los principios y valores generales del mismo (MacCormick, 1994).

Las normas relevantes constituyen el cuerpo filosófico amplio que permite que la ley o el derecho sea funcional, entendible de forma amplia y fácilmente asumible por los ciudadanos, confiados estos en que su espíritu favorece el bien colectivo. Algunas de estas normas filosóficas en el plano del ordenamiento territorial están referidas a los siguientes elementos, o parámetros de coherencia, que le otorgan sustento conceptual.

5.4.2 Equidad territorial

Algunos cientistas sociales de referencia han proclamado las ventajas de la gestión plural de las naciones evitando que “facciones de vencedores” impongan sus intereses particulares por encima del interés colectivo. Por ejemplo, Norberto Bobbio sostiene que el pluralismo encierra el concepto de que una sociedad está mejor gobernada en la medida en que esté más distribuido el poder político y que existan más centros de poder que controlen a los órganos del poder central, esto es, en cuanto sea mayor la distribución tanto territorial como funcional entre soberano y súbditos del poder. La actual ley al centralizar en un organismo del poder ejecutivo con una débil organización de las instancias territoriales está creando un suprapoder que conculca las oportunidades de los territorios para promover un desarrollo equilibrado partiendo de sus propias fuerzas e inteligencias, acotado claro está por leyes nacionales y apoyado por fondos públicos que deben estar disponibles para todos los territorios por igual. El proyecto de ley no hace ninguna referencia la Equidad Territorial como paradigma, tampoco crea ninguna figura o mecanismo de ley para la inversión pública en los territorios de forma equitativa.

5.4.3 Empoderamiento social

Desde la óptica de Sergio Boisier, un modelo territorial que dimensione los procesos de autonomía y descentralización debe orientarse hacia tres principios denominados por él “Principios de una Planificación Regional”(Boisier, 1990), y que son:

• Asignación de recursos: Garantía mínima de la autonomía territorial.

• Principio de compensación: Que permita compensar los posibles impactos negativos de una política económica nacional.

• Principio de activación social: Tendente al fortalecimiento de verdaderas comunidades de base, y a la construcción de una sociedad civil protagonista y actora de su propio desarrollo. Éste es un punto crucial en un verdadero proceso de desarrollo centrado en los territorios. Es por lo menos difícil planear los territorios desde fuera de ellos.

Para Orlando Fals Borda, las reglas de lo que debería ser el marco jurídico de la organización territorial se rige por las siguientes premisas (Fals-Borda, 1996):

• La flexibilidad: No es realista imponer desde arriba, esquemas organizativos territoriales, las soluciones deberán tener siempre referentes participativos locales: que los pueblos decidan”, para ello se deben generar procesos previos para alcanzar plena conciencia y capacidad de juicio crítico.

• Equidad: Compensar regiones, provincias y municipios según su grado de desarrollo o atraso económico y su viabilidad como unidad territorial. Los más prósperos tendrían que contribuir a los atrasados. Para ello parece necesario llegar a alguna forma de clasificación o de categorías cuidando discriminar negativamente, y a la creación de fondos de compensación territorial”.

5.4.4 Democracia territorial

Siguiendo a Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo en su estudio: El ordenamiento territorial: instrumento para la gobernabilidad, encontramos que para la teoría política y del derecho constitucional contemporáneo, el tema del ordenamiento territorial se aborda desde las siguientes premisas (Naranjo, 2005):

5.4.5 Gobernanza territorial: proyección al caso dominicano

En la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 la gobernanza territorial se traduce en el objetivo de reducir la disparidad urbano-rural e interregional mediante un sistema de planificación articulado con las entidades locales (Congreso Nacional República Dominicana, 2012). Este mandato encuentra expresión operativa en la Ley 368-22, que institucionaliza el Sistema Nacional de Ordenamiento y Uso del Suelo (SNOUSU) como espacio de coordinación multinivel. La aplicación efectiva de estos marcos en Bajos de Haina depende, como se analizó anteriormente, del fortalecimiento de las capacidades municipales y de la disponibilidad de instrumentos digitales que soporten los procesos de decisión colaborativa.